Autoridad pública

Dos titulares de prensa:

"Agredir a docentes y sanitarios se considerará un delito de atentado"

"La agresión a un profesor o un médico acarreará prisión"

Celebro con reservas esta iniciativa institucional.

Siempre he pensado que cualquier profesional cualificado (profesor, médico, arquitecto, camarero...) tiene que gozar del respeto y consideración social inherente a su actividad. Lo cierto es que, con el paso del tiempo y con la evolución (?) de las costumbres sociales, se ha focalizado el punto de mira de las agresiones profesionales hacia estos dos colectivos: docencia y sanidad.

Me preocupa que se agreda a alguien, en cualquier circunstancia y de cualquier modo. Pero especialmente me produce rubor si se hace hacia profesionales que están cumpliendo con un servicio social insustituible y esencial.

No sé qué intrepretación y alcance se le dará al concepto de 'agresión'. Entiendo que, además del ataque físico o verbal proveniente de padres, alumnos o pacientes, hay otras vejaciones que tienen su origen en el propio poder establecido. Recientemente, un señor importante (o que se cree importante) ha puesto en solfa la dignidad de un amplio colectivo funcionarial. ¿No es eso agresión?

Por eso, celebro con 'reservas' esta medida. Y también porque no se me escapa que cuando a alguien se le otorga institucionalmente un cuño de autoridad, se corre el riesgo de dar una paso más e invadir el terreno del abuso de autoridad. Durante mi actividad docente de más de treinta años he visto de todo, desde compañeros y cargos con mano derecha e izquierda hasta señores y señoras que interpretaban y asumían el lugar público de trabajo como un coto reservado de su 'legítima' propiedad.

Supondo y espero que esta decisión pondrá las cosas en su sitio. Lo plausible es que se considere y salvaguarde la integridad personal y profesional y se erradiquen algunos vestigios de feudalismo que aún quedan por ahí.

Bendito respeto.